Un pedido de explicaciones en el Concejo Deliberante
El concejal Walter Alejandro Verón impulsó un proyecto de comunicación para interpelar a la Secretaria de Gobierno de Puerto Iguazú, en relación a actas de infracción emitidas contra conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber.
La iniciativa busca esclarecer los fundamentos legales detrás de estas sanciones y garantizar transparencia en la actuación del municipio.
El problema de fondo: sanciones sin marco regulatorio claro
Las actas fueron labradas bajo la Ordenanza N° 42/08, indicando como infracción “transportar pasajeros sin habilitación”.
Sin embargo, el proyecto plantea puntos clave:
- No existe una ordenanza municipal que regule específicamente el uso de aplicaciones como Uber.
- La actividad se encuadra dentro del derecho privado, según el Código Civil y Comercial de la Nación.
- La ausencia de regulación no implica una prohibición.
- No corresponde exigir licencias de taxi o remis, ya que se trata de servicios distintos.
Este vacío legal genera un escenario de incertidumbre tanto para trabajadores como para el propio Estado.
Irregularidades detectadas en las actas
El documento también advierte posibles fallas graves en los procedimientos:
- Falta de descripción clara de infracciones de tránsito.
- Posible vulneración del derecho de defensa.
- Ausencia de fundamentos legales concretos.
- Posible nulidad absoluta de las actas por defectos formales.
Además, se citan antecedentes judiciales que reconocen que el uso de Uber no constituye una actividad ilegal, sino un servicio privado.
Derechos en juego: trabajar no es un delito
El proyecto sostiene que sancionar a quienes trabajan mediante aplicaciones podría vulnerar derechos fundamentales:
- Derecho al trabajo.
- Libertad de ejercer una actividad lícita.
- Garantías del debido proceso.
En este contexto, se advierte sobre decisiones arbitrarias que podrían generar responsabilidad institucional.
Interpelación a la Secretaria de Gobierno
Se solicita la comparecencia de la Secretaria de Gobierno, Marcela González, ante el Concejo Deliberante.
El objetivo es responder preguntas clave:
- ¿Cuál es el sustento legal de estas infracciones?
- ¿Qué normativa se está aplicando?
- ¿Cómo se justifica la sanción a conductores de aplicaciones?
La convocatoria deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 10 días.
Hacia una regulación clara y justa
Este proyecto pone en agenda la necesidad de actualizar el marco normativo local frente a nuevas formas de trabajo.
La discusión no es solo sobre Uber, sino sobre cómo el Estado responde a los cambios tecnológicos, garantizando reglas claras, derechos y equidad para todos.