Puerto Iguazú es una ciudad con un enorme potencial, pero también con deudas históricas que afectan la vida diaria de sus habitantes. Calles colapsadas en temporada alta, veredas deterioradas, servicios básicos incompletos, transporte público deficiente y una preocupante falta de arbolado urbano son solo algunos de los problemas que enfrenta la comunidad.
A esto se suma una realidad estructural: gran parte del suelo urbano fue ocupado de manera irregular, lo que generó un crecimiento desordenado y dejó a miles de familias sin seguridad jurídica sobre sus viviendas. Esta situación no solo limita su acceso a créditos o herencias, sino que también reduce la base de contribuyentes del municipio, encareciendo las tasas para quienes sí cumplen.
La propuesta es clara: en lugar de aumentar impuestos, el municipio debería regularizar los títulos de propiedad mediante ventas, licitaciones o subastas justas para los vecinos que ocupan lotes fiscales. Los recursos obtenidos podrían destinarse directamente a obras de infraestructura en esos mismos barrios, acompañadas de procesos de presupuesto participativo donde los vecinos decidan qué obras son prioritarias.
De esta manera, cada familia ganaría estabilidad y derechos sobre su hogar, y la ciudad sumaría recursos para transformarse en un lugar más ordenado, accesible y habitable.
Puerto Iguazú necesita pensar su futuro, y la regularización dominial aparece como una herramienta clave para hacerlo posible.